Un total de 267 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía de $2,1 billones de pesos ha producido la Contraloría General de la República, desde 2012 hasta el presente año, por malos manejos de recursos del sistema general de salud.

Según precisó el Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, se han declarado un total de 437 responsables fiscales (322 personas naturales y 115 personas jurídicas).

Agregó que las principales causas que han dado origen a la declaración de responsabilidad fiscal son:

- Recobros no justificados.

- Adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios.

- Sobrecostos de medicamentos.

- Y duplicidad de registros en bases de datos.

“La Contraloría ha encontrado en sus más recientes auditorías a algunas EPS que recursos públicos, es decir recursos de las UPC, se vienen destinado para gastos de administración”, indicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

“También hemos evidenciado como estos recursos también se han destinado para bonificaciones en cabeza de funcionarios de estas EPS, particularmente algunas reconocidas a nivel nacional y de reciente creación”, agregó.

Otras cifras y actuaciones

- Los montos involucrados en las investigaciones de la CGR por estos temas, en el período 2012-2018, suman $5.6 billones, en 2.388 procesos. O sea, esta es la cifra por la que se abrieron tales procesos.

- La CGR ha recuperado $179 mil millones dentro de un universo de 829 procesos abiertos.

- Un total de 187 procesos de responsabilidad fiscal han sido abiertos a partir de denuncias de la ciudadanía.

- Actualmente, en la etapa de cobro coactivo, la CGR adelanta 82 procesos, donde se pretende recuperar $1.4 billones.

- La Contraloría ha desplegado varias actuaciones para perseguir de forma directa el patrimonio individual de los accionistas y/o administradores de las EPS e IPS que han incurrido en maniobras fraudulentas y han originado un daño patrimonial a los recursos de la salud.

La Contraloría señaló que se ha adelantado búsqueda de bienes a nivel nacional y también en el extranjero (como sucede en el caso de Saludcoop, en el Ecuador), por parte de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes. 

Añadió que la búsqueda financiera también se ha adelantado a nivel nacional e internacional (cuentas corrientes, de ahorro, CDT´s, Fiducias, etc).

"Y se han impuesto medidas cautelares como el embargo y secuestro de bienes y cuentas", expresó.

Investigaciones en marcha por carteles y gastos indebidos

La Contraloría destapó los llamados Carteles de la Hemofilia y de las inexistentes terapias basadas en neurodesarrollo (en Córdoba), y de los Enfermos Mentales (en Sucre).

En el caso del Cartel de la Hemofilia, la CGR adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $46.337 millones; y en el Cartel de los Enfermos Mentales se han abiertos 11 procesos por $3.786 millones.

Y en lo que tiene que ver con las supuestas terapias en neurodesarrollo, llevan un proceso de responsabilidad fiscal por $5.000 millones.

También recordó la responsabilidad fiscal por $152.638 millones abierto por las inversiones que con recursos de la salud hizo la EPS Saludcoop en gastos administrativos (como equipo de oficina y mantenimiento), pago de créditos a largo plazo y pagos por servicios a terceros, entre otras situaciones.

"Otro caso de gasto indebido de recursos de la salud se dio en la EPS Comfacor de Córdoba, donde la Contraloría encontró hallazgos fiscales por $17.316 millones. Una buena parte de esta cifra, exactamente $14.450 millones, corresponde a la subcontratación o intermediación de los servicios de salud, que configura una desviación de recursos públicos", indicó.

"Finalmente, una auditoría a Medimás determinó que, sin soportes legales, esta EPS realizó giros anticipados a proveedores médicos por $718.623 millones", agregó.

Cuestionamiento a gestión de la Supersalud

En su intervención ante la Corte Constitucional, el Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, adelantó algunas conclusiones de la Auditoría de Cumplimiento que se realizó a la Superintendencia Nacional de Salud, sobre la vigencia 2017, y que recientemente fue finalizada.

El informe de auditoría considera que el cumplimiento de la gestión adelantada por la Superintendencia en la administración de recursos públicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, no resulta conforme en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. Por lo anterior, se emitió concepto Adverso de Incumplimiento material.

“El análisis de la Contraloría permite señalar que la mayoría de entidades que ingresan en cualquiera de las modalidades de Medida Especial se mantienen por varios años; esto ante la inocuidad de las medidas o acciones tomadas sin que se solucionen las causas que condujeron a las situaciones críticas de operación y, así, un elemento que debía ser transitorio se vuelve permanente, en un marco de prórroga tras prórroga”, finalizó.

*Con información de la Contraloría General de la República